Una familia de Castilla-La Mancha ha tenido que enfrentarse a una situación inaudita y doblemente dolorosa tras descubrir que el cuerpo al que habían dado el último adiós no pertenecía a su pariente. El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha dictaminado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) deberá indemnizar con 18.000 euros a una viuda y a sus cinco hijos por los cuantiosos daños morales ocasionados durante el proceso.
El suceso se remonta al mes de abril del año 2025. Tras el fallecimiento de un paciente en un hospital público de la región, el cuerpo fue trasladado a la morgue a la espera de ser entregado a los operarios funerarios. Sin embargo, una grave cadena de errores en la identificación provocó que la empresa de pompas fúnebres retirase un cadáver completamente distinto.
En la más absoluta ignorancia de esta confusión, la familia organizó el velatorio, celebró la ceremonia de despedida y procedió a la cremación de los restos de un desconocido, convencidos en todo momento de que se trataba de su allegado. La fatídica verdad llegó diez días más tarde mediante una llamada telefónica procedente del propio centro médico. En aquella comunicación, se les informó de que el cuerpo de su auténtico familiar jamás había salido de las cámaras frigoríficas, lo que obligó a la viuda y a los hijos a tener que repetir todos los actos fúnebres desde el principio.
Tras reponerse del impacto, los afectados interpusieron una reclamación patrimonial exigiendo una compensación conjunta de 42.000 euros. Durante la investigación administrativa de los hechos, la dirección del hospital admitió que carecían de un protocolo específico para gestionar la morgue, unas instalaciones cuyo control de acceso estaba parcialmente delegado en una empresa externa de seguridad. Las compañías implicadas se desvincularon del error de identificación, si bien la funeraria indicó que tras el incidente se habían modificado las pautas de recogida en el centro.
Por su parte, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha dejado claro que la custodia y correcta comprobación de la identidad de los difuntos es responsabilidad directa de la Administración antes de entregarlos. En su resolución, el organismo determina que se produjo un “funcionamiento anormal del servicio público sanitario” y subraya que los ciudadanos no tienen el deber legal de soportar las consecuencias de una negligencia de este calibre.
En cuanto a la cuantía económica, la instructora encargada del expediente propuso inicialmente una compensación de 6.000 euros. Sin embargo, el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha calificó la cifra de insuficiente y planteó elevarla a 18.000 euros. El ente consultivo ha respaldado finalmente esta cantidad, asignando 3.000 euros a cada uno de los seis afectados, al considerar probado el profundo “sufrimiento emocional” que supuso para ellos enterarse del terrible fallo y tener que volver a despedirse de su verdadero padre y esposo.
