Nota de prensa del 21 de julio de Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha
Se escuchan voces desde las Cortes de Castilla-La Mancha que niegan el derecho sindical agropecuario a elecciones libres. Se argumenta que la idoneidad de las Organizaciones Profesionales Agrarias (en adelante, OPAs) no depende de lo que pudieran elegir los agricultores, sino de la pertenencia al COPA-COGECA, organización de ámbito privado. El señor Lucas-Torres expone la tesis de que las OPAs pertenecientes a dicho organismo son las que tienen enorme peso y poder negociador en Bruselas.
En estos días, se ha difundido la noticia de un futuro recorte del 20 % en la próxima PAC.
Desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha surge así la duda: ¿es real esa enorme capacidad negociadora atribuida por el señor Lucas-Torres? Porque, si así fuera, entonces cabría pensar que las OPAs pertenecientes al COPA no han defendido los intereses del sector, o bien lo han intentado y su capacidad e influencia atribuidas son ficticias.
Se sostiene que la única representatividad real es la conseguida en las urnas, ya que es esta la que confiere legitimidad y capacidad negociadora.
La Unión de Castilla-La Mancha reclama que toda organización agraria pueda ejercer el legítimo derecho a acudir a las urnas, y que sean los agricultores quienes decidan cuáles son sus representantes, en lugar de que algunos políticos se arroguen el derecho a hacerlo.
Nadie mejor que el agricultor para decidir qué organización es la idónea. Podrá equivocarse, pero será él quien lo haga. No se considera necesario que un tercero se equivoque en su lugar.
Respecto al ponente de la Ley de Representatividad Agraria de la región, no se cuestiona su buena voluntad. Sin embargo, como dice el dicho: el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.
Desde diversos sectores se considera inasumible un recorte presupuestario del 20 % en la futura PAC. Un sector agonizante, desmantelado, al que en su día se le aseguró que la intervención de precios y las normas a que se vería sometido serían compensadas con ayudas a la renta, ha visto cómo, día tras día, se le aumentaban las exigencias y restricciones, al tiempo que se le obliga a competir con países terceros, con las manos atadas a la espalda, mientras a esos países se les otorga libertad total para usar productos prohibidos en la UE y operar sin cumplir normativas ambientales, de bienestar animal ni sociales.
Pocos lo recuerdan, pero la PAC se implementó como medida de salvaguardia de la soberanía alimentaria europea y como instrumento para fomentar el Estado del bienestar. Permitía alimentos a precios asequibles, liberando recursos en los hogares para el ocio, las vacaciones o un segundo coche.
En ese pacto, los agricultores aportaban, y recibían una compensación justa.
Todo eso ha sido desmantelado, recorte tras recorte, en cada nueva reforma de la PAC. La presión normativa ha transformado una Europa con excedentes alimentarios en una Europa con riesgo de escasez. El sector agrario, cada vez más debilitado y al borde de la desaparición, ha provocado que los consumidores vean cómo la cesta de la compra se ha encarecido. Peor aún: ahora con productos de dudosa salubridad y procedencia.
Este nuevo recorte del 20 % podría causar un desabastecimiento total del mercado interno, forzando una dependencia casi exclusiva de las importaciones. Los consumidores deberán enfrentarse a precios similares a los que se conocieron en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
Todo ello plantea desde miembros de la directiva de la Unión de Castilla-La Mancha una duda razonable: ¿es el COPA una entidad que defienda realmente los intereses del campo? Si se observan los resultados de las últimas décadas, la respuesta es negativa.
Por tanto, si esa asociación no cumple esa función, parece lógico pensar que las OPAs adscritas a ella tampoco lo hacen.
El recorte del 20 % en la PAC no solo se considera insufrible, sino que se plantea como necesaria una revisión al alza, acorde con la inflación acumulada en los últimos años. Mientras los precios de los insumos se han disparado, el valor que reciben los productores permanece congelado en niveles propios de los años 80 del siglo pasado.
No se está ante una demanda de caridad ni de privilegios: se trata de justicia social y de una garantía para la sociedad de contar con alimentos sanos, de calidad y a precios razonables.
De no actuarse en consecuencia, el futuro europeo se oscurece. La escasez se convertirá en amenaza tangible: solo los ricos podrán alimentarse dignamente; los demás apenas podrán subsistir.
Los agricultores conocen la realidad del campo. Y su experiencia no puede seguir siendo ignorada.
