El portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Espinosa, y la concejal Pilar Plaza, realizaron una valoración del pasado Pleno de junio en el que destacaron la mala disposición del Partido Socialista, “arrogante en sus formas y autoritario en el fondo”, asegurando que, desde que este partido gobierna, la calidad democrática de Socuéllamos no ha hecho más que deteriorarse.
El portavoz popular ha comenzado valorando la modificación ‘a la carta’ que ha hecho el equipo de Gobierno de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), asegurando que genera desigualdad entre los trabajadores, tal y como explican dos informes técnicos: el jurídico, de la secretaria del Ayuntamiento, y el económico, elaborado por el interventor. Ambos informes coinciden en que la nueva RPT establece baremos de valoración arbitrarios que generan agravios comparativos entre los distintos puestos.
“Para que nos entiendan nuestros vecinos, lo que la alcaldesa pretende es dividir el Ayuntamiento entre funcionarios de primera y de segunda categoría, según una serie de criterios particulares que sólo se podrían aplicar a unos trabajadores y no a todo el conjunto. Y esto, según el informe jurídico de la secretaria del Ayuntamiento provoca desigualdad, va en contra de la jurisprudencia y contiene vicios que pueden anular la validez de la RPT. Es decir, la alcaldesa se ha empeñado en aprobar una RPT, saltándose el criterio de los técnicos del ayuntamiento”, indicó.
Además, para darle a esta operación “fraudulenta” apariencia de validez, la alcaldesa habría encargado un contrainforme a la misma empresa que elaboró la RPT. “Es decir, le pide que arbitre a su propio equipo. Y encima les vuelve a pagar por este segundo informe para que contradiga a los funcionarios de carrera de nuestro Ayuntamiento. Estaría bueno que la misma empresa que hizo la RPT elabore ahora un informe diciendo que no vale. ¿Qué van a decir, si la hicieron ellos? Para eso, no hacía falta pagarles. Vaya forma de derrochar el dinero de todos los socuellaminos. A lo mejor es que piensan, como Carmen Calvo, que el dinero público no es de nadie, y lo pueden gastar a su antojo”, aseguraba el portavoz popular.
Espinosa se preguntó por qué no pidieron este informe a los servicios jurídicos de la Diputación, que son gratuitos y no son parte involucrada. “¿Saben por qué? Porque a pesar de ser la Diputación de su mismo color político, les habrían tirado abajo la RPT”.
