La Policía Nacional ha desmantelado una organización delictiva que operaba en diversas localidades de la provincia de Ciudad Real, dedicada a facilitar documentación fraudulenta a ciudadanos extranjeros para obtener permisos de residencia. El gran operativo policial ha culminado con la detención de diez personas, incluyendo a los dos máximos responsables de la trama.
El entramado captaba principalmente a personas originarias del Magreb, a quienes cobraban importantes sumas por regularizar su situación saltándose los estrictos procedimientos legales gestionados por la Oficina de Extranjería, órgano dependiente de la Subdelegación del Gobierno.
Según detallan las fuentes policiales, los dos cabecillas operaban con una clara división de funciones para maximizar su eficacia. Uno de ellos ejercía como captador directo, buscando ciudadanos en situación irregular a los que ofrecía “un atajo no legal para tramitar sus solicitudes de residencia”. El segundo líder, vinculado al ámbito de la gestión empresarial, aprovechaba su acceso privilegiado a datos confidenciales y firmas digitales de empresas legítimas para articular todo el fraude.
De esta manera, la red suplantaba a empresarios reales de la provincia castellanomanchega sin que estos tuvieran el más mínimo conocimiento de la actividad ilícita. Emitían ofertas de empleo ficticias, redactaban contratos a medida y daban de alta a los clientes en la Seguridad Social. Con este falso respaldo laboral, los inmigrantes iniciaban los trámites amparándose en la figura del arraigo sociolaboral contemplada en la Ley de Extranjería. Tal y como indica la investigación, tras sortear los primeros filtros con el expediente falsificado, “se regularizaba automáticamente su situación administrativa en España”.
Para no levantar sospechas bancarias ni dejar un rastro contable del reparto de los beneficios, la banda criminal exigía que todos los abonos se realizaran de manera íntegra en dinero en efectivo. Las tarifas que imponían a cada solicitante oscilaban entre los 2.000 y los 4.500 euros.
Las pesquisas de la Policía Nacional arrancaron tras detectarse una preocupante proliferación de documentos falsos en los expedientes de solicitud, lo que ha permitido tirar del hilo hasta desarticular por completo esta lucrativa red de tráfico e inmigración ilegal en el territorio.
