La historia de Joe Arridy es el trágico caso de un hombre con una discapacidad intelectual grave que fue condenado injustamente y ejecutado en Colorado en 1939 por un delito que no cometió. Conocido como el «preso más feliz del corredor de la muerte», su caso se convirtió en un símbolo de las fallas del sistema judicial y de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual.
Joe Arridy nació el 15 de abril de 1915 en Colorado. Desde su infancia mostró claros signos de discapacidad intelectual. Su coeficiente intelectual, medido posteriormente, fue de 46, y los médicos señalaron que tenía la edad mental de un niño de seis años. Tuvo dificultades en la escuela, fue con frecuencia víctima de acoso escolar y de incomprensión, y finalmente pasó varios años en la Escuela de Hogar y Capacitación del Estado de Colorado para personas con discapacidad intelectual.
En agosto de 1936, Dorothy Drain, de 15 años, fue asesinada, y su hermana Barbara, de 12 años, fue brutalmente agredida en su propia casa. Joe Arridy fue arrestado por vagancia pocos días después del crimen. Bajo un intenso interrogatorio policial, el sheriff local, George Carroll, obtuvo una confesión falsa e inconsistente de Arridy, quien era altamente sugestionable.
En prisión, Joe Arridy jugaba con trenes de juguete, sonreía constantemente y no comprendía que iba a morir. A pesar de los esfuerzos de su abogada, Gail Ireland, e incluso del director de la prisión, Roy Best, por conmutar su sentencia, Joe Arridy fue ejecutado en la cámara de gas el 6 de enero de 1939, a la edad de 23 años. Se dice que permanecía sonriente y tranquilo camino a la cámara de gas, pidiendo guardar su último helado para más tarde, ya que no comprendía que estaba a punto de morir.
Durante décadas, los defensores trabajaron para limpiar el nombre de Joe Arridy. En 2007, se encargó una nueva lápida para su tumba, en la que se lee: «Aquí yace un hombre inocente». El 7 de enero de 2011, 72 años después de su ejecución, el gobernador de Colorado, Bill Ritter, otorgó a Joe Arridy un indulto póstumo total e incondicional, reconociendo las sólidas pruebas de su inocencia y la injusticia de su condena. Este caso se cita como un poderoso recordatorio de los peligros de las confesiones forzadas y de la crucial necesidad de proteger a las personas vulnerables dentro del sistema judicial.
JA de la Torre
