La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha iniciado un proceso de recopilación y análisis de numerosas denuncias presentadas por agricultores, ganaderos y empresas del sector agroalimentario. Estas quejas se centran en lo que consideran un trato injusto por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Frente a esta situación, la AIVE ha solicitado la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que se investigue el uso de los fondos obtenidos mediante sanciones desde que en 1987 se declaró la sobreexplotación del Acuífero 23. La asociación exige claridad en la gestión de estos recursos y reclama auditorías que permitan conocer con exactitud su destino.
Además, critican los recortes drásticos en el suministro de agua para riego que se han producido a lo largo del tiempo, reduciendo las asignaciones desde 7.500 hasta apenas 1.270 metros cúbicos por hectárea. AIVE considera que estas restricciones han tenido como único objetivo castigar económicamente al sector y aumentar la recaudación, provocando un serio perjuicio a quienes dependen del agua para trabajar.
La organización insiste en la importancia estratégica del sector primario para Castilla-La Mancha, no solo por su papel en la producción alimentaria y en la economía regional, sino también como herramienta clave frente al despoblamiento rural, una problemática que afecta a amplias zonas del territorio.
En este contexto, AIVE acusa a la CHG de actuar de forma arbitraria y con fines puramente recaudatorios, exigiendo una explicación clara sobre el destino de los cientos de millones de euros cobrados en sanciones. La asociación no descarta que pueda haber indicios de fraude en la gestión del Acuífero 23, actualmente denominado Mancha Occidental, por parte del personal de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) es una entidad profesional (sin carácter político), fundada y presidida por Lorenzo Delgado que representa intereses del sector vitivinícola, especialmente en Castilla‑La Mancha, y actúa como interlocutor ante autoridades nacionales y europeas.
