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lunes, 19 octubre, 2020

La Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha crea la Comisión Regional Contra la Ocupación Ilegal de Viviendas

El órgano de nueva creación está presidido por el delegado del Gobierno y en él participan miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la incorporación puntual de otras administraciones y organismos.

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La Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha ha creado la Comisión Regional Contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, un grupo de trabajo presidido por el titular de la institución, Francisco Tierraseca, con el objetivo de analizar la situación del problema en el conjunto de territorio castellano-manchego, planificar actuaciones de choque, realizar seguimiento de su evolución y en el que estarán integrados de forma permanente miembros de la propia Delegación del Gobierno de las Subdelegaciones y mandos tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil. De forma puntual serán incorporadas otras administraciones, organismos e instituciones “con el fin de ejecutar acciones coordinadas sobre el terreno”, según explicó el delegado del Gobierno.

Tierraseca detalló que el problema de las ocupaciones ilegales “tiene una incidencia desigual” en Castilla-La Mancha y subrayó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “siempre han estado combatiéndolo e intentando atajarlo, especialmente en todos aquellos casos en los que la ocupación lleva aparejada una actividad delictiva”. “Eso no es novedad, pero sí lo es el hecho de que por primera vez se cree un órgano de estas características en el seno de la Delegación del Gobierno, por lo que agradezco la enorme implicación de Policía y Guardia Civil”.

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En la primera reunión de la Comisión se analizó en profundidad el contenido de las instrucciones publicadas recientemente tanto por parte de la Fiscalía General del Estado como por parte del Ministerio del Interior, “mecanismos que nos permiten avanzar decisivamente en la unificación de criterios policiales y que nos dotan de una mayor agilidad y mejor respuesta ante los casos de ocupaciones”, añadió Francisco Tierraseca. En ese sentido, destacó como una de las cuestiones principales  que recoge la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que, ante los allanamientos de morada, “Policía Nacional y Guardia Civil podrán proceder al desalojo inmediato sin necesidad de solicitar medidas”.

Primera y segunda vivienda son moradas

Una de las cuestiones puestas de relieve por Tierraseca es la importancia que tiene esta instrucción en cuanto a que “despeja una duda fundamental” respecto a la consideración de las viviendas. La instrucción del Ministerio del Interior subraya que tanto la primera como la segunda vivienda (cuando el morador ocupa el inmueble solo en determinadas épocas del año, como fines de semana o vacaciones) deben considerarse moradas, por lo que cuentan con la misma protección legal.


En cualquier caso, el delegado del Gobierno insistió en que “es clave la denuncia” de los casos de ocupaciones ilegales, pidió la implicación y colaboración de las corporaciones locales y de la administración autonómica y mencionó la existencia de la aplicación ALERTCOPS, una herramienta más que los ciudadanos tienen a su disposición para “alertar de un caso de una forma rápida y sencilla”, gracias a una funcionalidad específica que se va a incluir para que afectados, propietarios, vecinos o cualquier otro usuario que detecte un caso de ocupación ilegal de inmuebles puedan poner de forma inmediata los hechos en conocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil.

Medidas impulsadas por la Comisión

Respecto a las medidas acordadas en la reunión de hoy, se anunció la incorporación de planes operativos específicos en la comunidad autónoma, la elaboración de un “mapa” que recoja los inmuebles ocupados en la actualidad y sus características, un refuerzo de las investigaciones policiales contra los grupos organizados que actúan como “mediadores”, y la mejora de los mecanismos de coordinación tanto con policías locales, mediante de la convocatoria de juntas de seguridad temáticas en los municipios afectados, como con administraciones competentes en materia de servicios sociales

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