La Plataforma Vecinal STOP Biometano Socuéllamos ha trasladado a los medios de comunicación su posición ante el borrador de Decreto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha relacionado con la implantación de instalaciones de biometano. La plataforma asegura haber registrado 13.819 firmas de vecinos contrarios a la instalación de macroplantas de biometano en el municipio, junto con un total de 80 alegaciones al texto.
Durante la comparecencia, los representantes de la plataforma defendieron que estas firmas reflejan, a su juicio, una oposición mayoritaria en el municipio y reclamaron al Gobierno regional que tenga en cuenta la posición expresada por los vecinos.
La plataforma también recordó el anterior Plan de Biometanización, que, según señaló, fue retirado tras la presión social, y mostró su rechazo al nuevo borrador de Decreto, pese a que la Administración regional lo presenta, según la organización vecinal, como un texto con mayores garantías.
“Socuéllamos no va a ser el vertedero de la región”, afirmó la plataforma durante la rueda de prensa.
Las principales alegaciones
Entre las cuestiones planteadas, la plataforma reclama que el Pleno del Ayuntamiento de Socuéllamos tenga capacidad vinculante para impedir la implantación de estas instalaciones en el término municipal. En concreto, cuestiona la posibilidad de que determinados proyectos puedan ser declarados como “Inversión Estratégica” por parte de la Administración regional y, con ello, quedar al margen de la decisión municipal.
Otra de sus demandas está relacionada con los caminos rurales. La plataforma solicita que el Ayuntamiento pueda limitar el tránsito de vehículos pesados destinados al transporte de residuos, argumentando que el incremento de camiones cisterna podría afectar a las infraestructuras rurales y a la actividad agrícola, especialmente durante la vendimia.
Asimismo, reclama que los proyectos sean sometidos a una evaluación conjunta de sus distintos elementos, incluyendo las propias plantas, las balsas de digestato, los viales y las infraestructuras necesarias para la conexión con la red de gas. La organización considera que estos elementos deben analizarse de forma acumulativa para determinar el impacto global de cada proyecto.
Cuestionamiento jurídico y medioambiental
La plataforma considera que el borrador presenta problemas desde el punto de vista jurídico y medioambiental. Entre sus alegaciones incluye la supuesta ausencia de una Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria y sostiene que el cambio de la figura de “Plan” a “Decreto” no debería permitir, a su juicio, evitar este procedimiento.
También reclama un incremento de las distancias mínimas respecto al casco urbano y a determinadas instalaciones y viviendas. Frente a los 2 kilómetros que, según la plataforma, contempla el borrador, plantea una distancia de 25 kilómetros respecto al casco urbano y de 5 kilómetros respecto a bodegas, pozos de agua potable y viviendas rurales.
Otro de los asuntos destacados es la protección de la masa de agua subterránea Mancha Occidental II. La plataforma señala que Socuéllamos se encuentra en una zona vulnerable a los nitratos y manifiesta su preocupación por el posible impacto que podrían tener las instalaciones y las balsas de efluentes sobre los recursos hídricos.
En este sentido, reclama que cualquier proyecto que no disponga desde el inicio de una concesión firme de agua y de un punto de inyección de gas garantizado sea rechazado e inadmitido por la Administración.
Riesgos industriales y protección del sector vitivinícola
La plataforma también pone el foco en los posibles riesgos asociados al almacenamiento y procesamiento de gas. En sus alegaciones solicita que las instalaciones sean sometidas a las exigencias que, según sostiene, se derivarían de la normativa europea SEVESO III, así como a la elaboración de planes de emergencia exterior y protocolos específicos ante posibles accidentes.
La defensa del sector vitivinícola constituye otro de los argumentos centrales de la organización vecinal. La plataforma considera que cualquier actividad industrial de gestión de residuos que pueda afectar al entorno podría tener consecuencias sobre la imagen del sector, la seguridad alimentaria y la actividad de agricultores y bodegas.
En particular, reclama que se evalúen los posibles efectos acumulativos de las emisiones y bioaerosoles sobre la salud pública antes de autorizar nuevas instalaciones.
Rechazo al uso del digestato y petición de garantías económicas
Entre sus reivindicaciones figura también la prohibición de aplicar directamente el digestato sobre las parcelas agrícolas. La plataforma sostiene que este residuo puede generar emisiones de amoniaco y afectar al suelo y a los cultivos, además de plantear dudas sobre la trazabilidad y calidad vinculadas al sector vitivinícola.
Por ello, propone que el digestato sea procesado íntegramente en seco y dentro de las propias instalaciones.
La plataforma solicita además garantías económicas para hacer frente a posibles daños ambientales o al abandono de las instalaciones. En concreto, reclama un aval bancario de 3 millones de euros antes del inicio de las obras y un seguro de responsabilidad ambiental de 10 millones de euros.
Otra de sus demandas consiste en aplicar el denominado principio de proximidad al transporte de residuos. La organización plantea que las futuras plantas únicamente puedan utilizar residuos generados en el ámbito local y rechaza la entrada en el término municipal de Socuéllamos de purines, lodos de depuradora u otros residuos procedentes de otras comarcas o regiones.
La plataforma anuncia que continuará con sus actuaciones
La Plataforma Vecinal STOP Biometano Socuéllamos cerró su comparecencia reiterando su oposición al borrador de Decreto y asegurando que continuará defendiendo sus planteamientos ante las distintas administraciones.
“Socuéllamos no va a ceder ni un solo milímetro”, manifestó la organización, que vinculó su posición a las 13.819 firmas recogidas y a las 80 alegaciones presentadas.
La plataforma afirmó igualmente que, si considera necesario continuar con sus actuaciones, recurrirá a los tribunales de justicia y a organismos europeos, además de mantener la movilización social en defensa de sus reivindicaciones.
