En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Socuéllamos celebrada el pasado jueves 28 de septiembre los grupos municipales de Partido Popular y Vox presentaron dos mociones conjuntas que fueron aprobadas con los nueve votos de los partidos que forman el Gobierno Municipal y con los ocho votos en contra del Partido Socialista.
Ambas mociones hacían referencia a la desigualdad que supone privilegiar con la amnistía a unos políticos condenados, por el mero hecho de ser necesarios los votos de sus partidos políticos en el Congreso para investir a un presidente del Gobierno.
Los textos de las mociones son los siguientes.
Moción contra la Ley de Amnistía
El 15 de octubre de 1977 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía que siguió el principio de reconciliación nacional que guio nuestra Transición a la democracia. La amnistía era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura. Fue uno de los instrumentos con los que se puso punto final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia.
Durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió la cuestión de la amnistía, ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia. Las enmiendas fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62 que prohíbe indultos generales. Es decir, el perdón -que sí existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la Ley del Indulto-, debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general.
En una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello además mientras que tanto el Tribunal de Justicia de la UE como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resoluciones referidas a la cuestión, sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a España. En 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores. El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero. Desde entonces tratan de evitar la acción de los Tribunales españoles y europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, a la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de una violencia extrema.
No es la primera vez que se plantea esta cuestión.
Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los Letrados emitieron un informe contundente contrario a su tramitación. Además, tanto Pedro Sánchez como ministros de su Gobierno, Juan Carlos Campos, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, entre otros muchos dirigentes socialistas, afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía.
Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGRI, la Fiscalía y el Consejo de Estado.
El precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social.
Por todo ello, el Grupo Popular junto con el Grupo Vox en el Ayuntamiento de Socuéllamos, presentan la siguiente propuesta:
- Rechazamos cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier ciudadano español o extranjero, cualquiera sea su delito.
- Consideramos que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular tal como establece el preámbulo de la Constitución y su cumplimiento compromete a todos los poderes.
- Animamos a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral.
- Expresamos nuestro rechazo y preocupación por la reunión mantenida en Bélgica entre Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno en funciones, y Caries Puigdemont, prófugo de la justicia. Instamos a todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados a evitar cualquier interlocución con partidos que defienden el golpe de Estado de 2017 en Cataluña y promueven ahora la mencionada amnistía.
Moción por la igualdad de los españoles
Hace 45 años los españoles acordamos una Constitución por la que nos convertimos en una nación de ciudadanos libres e iguales. Fue un acuerdo histórico, refrendado por la inmensa mayoría de la sociedad que buscaba poner fin a tres siglos de división y enfrentamiento.
Un acuerdo fruto del entendimiento entre las dos fuerzas políticas mayoritarias y que también se abrió al conjunto de partidos políticos democráticos.
Un acuerdo que desde su artículo primero reconocía la igualdad como un valor supremo del ordenamiento jurídico, que en su artículo 9 obligaba a los poderes públicos a que las condiciones para la igualdad del individúo y de los grupos sean reales y efectivas y que era necesario remover los obstáculos que la dificultaban.
No solo eso, en el artículo 14 se estableció como el primero de los derechos y libertades el que "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Por tanto, la igualdad de y entre los españoles es uno de los principios que informan nuestro ordenamiento democrático y unos de los pilares sobre los que se asienta nuestra convivencia.
Una igualdad de los españoles independientemente de donde vivan por lo que este principio viene complementado con el de solidaridad, tal y como recoge el artículo 138 cuando se afirma que "El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular" y rechazando que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas pudieran implicar privilegios económicos o sociales.
A lo largo del desarrollo de nuestro proceso autonómico los diferentes territorios han ido convergiendo en unos niveles de autogobierno que ha hecho de España un modelo de descentralización. Un proceso que ha permitido que nuestro país sea un moderno Estado social y de Derecho, gracias a la tarea que desempeñan todas las instituciones del Estado, tanto el Gobierno central como de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, los consells y cabildos insulares, y las instituciones forales.
Además, a lo largo de estas décadas, el Tribunal Constitucional ha sido el garante de que la legislación, y, de modo singular, los Estatutos de Autonomía, se enmarcasen siempre de acuerdo con las previsiones de nuestra Carta Magna.
Este desarrollo político, jurídico y administrativo se ha visto enriquecido con nuestra participación en la Unión Europea, un modelo de solidaridad entre pueblos y territorios.
Todo este bagaje se ve amenazado hoy por proyectos que buscan romper la igualdad y solidaridad entre los españoles, así como por propuestas de mutación constitucional que promueven consagrar la desigualdad y el privilegio entre territorios y ciudadanos. Una desigualdad que se ve acentuada en el día a día de los españoles por las tensiones económicas, tecnológicas y demográficas. Hoy, en España, la igualdad está más amenazada que nunca.
Por todo ello, es necesario afrontar con decisión cuestiones que dividen a los territorios como es lo referente al agua, los retos de un Estado de bienestar ante una realidad social en profunda transformación y la necesidad de consolidar los fundamentos de nuestra economía. Además, la regeneración institucional y alcanzar un nuevo pacto territorial que entre otras cuestiones complete lo previsto en la Constitución suponen objetivos inaplazables.
A lo largo de estas más de cuatro décadas los diferentes partidos hemos sabido llegar a acuerdos para afrontar los diferentes desafíos y retos, desde los de índole social y económica a través de los Pactos de la Moncloa, el terrorismo a través del Pacto por las Libertades, la violencia machista a través del Pacto contra violencia de género y el desafío secesionista de 2017 a través de la aplicación del artículo 155. Juntos hemos hecho a España protagonista en la Unión Europea y hemos asumido numerosos compromisos internacionales.
Nos encontramos ante un nuevo desafío histórico en el que una minoría populista y radical pretende imponer la ruptura de la igualdad entre los españoles y, para ello, se beneficia de la falta de capacidad de llegar a un gran acuerdo nacional por parte de los distintos partidos.
Una vez más los españoles debemos dar lo mejor de nosotros mismos. Al igual que sucedió en 1978, con generosidad y altura de miras, los partidos políticos debemos poner las bases de nuestra convivencia y afrontar las amenazas que tenemos como nación para seguir construyendo una sociedad moderna, avanzada y plural.
Lo que es de todos se debe decidir entre todos y no se puede someter los fundamentos del consenso constitucional al capricho de unas minorías por influyentes que puedan resultar al beneficiarse de una coyuntura parlamentaria determinada
Es necesario buscar un gran acuerdo que consolide todo lo avanzado en estos 45 años, blinde la igualdad de los españoles y afronte los principales retos que tenemos en esta tercera década del siglo XXI.
Por todo ello, los Grupos del Partido Popular y de Vox de este Ayuntamiento de Socuéllamos, presentan las siguientes propuestas:
- Reconocemos que España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones.
- Rechazamos cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España y que atente a lo dispuesto por la Constitución española.
- Proponemos un gran acuerdo nacional que afronte los principales desafíos que tenemos: la defensa de la unidad de España, la regeneración institucional, el Estado de Bienestar, el funcionamiento de nuestra economía, un pacto para las familias, un pacto por la educación de calidad, un pacto por el agua, una política energética e industrial, la defensa de nuestras fronteras, el aumento de la seguridad, y un pacto territorial.
- Urgimos al Gobierno a que proponga un modelo de financiación Autonómica que garantice los principios de igualdad y solidaridad y que sea fruto del acuerdo entre todos. Rechazamos los privilegios, tanto existentes como que pretendan establecerse, en el acceso a financiación entre los distintos territorios de España.
- Reclamamos al Gobierno que garantice un marco de financiación de Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos basado en la suficiencia, la solidaridad y la equidad. /
