Unión de Uniones: El agua de Castilla-La Mancha no puede ser un negocio: los agricultores alertan del secano impuesto por el trasvase Tajo-Segura

El agua de Castilla-La Mancha no puede ser un negocio: los agricultores alertan del secano impuesto por el trasvase Tajo-Segura

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Castilla-La Mancha, 29 de octubre de 2025.

Los agricultores de Castilla-La Mancha enfrentan una situación crítica: mientras ven pasar el agua del Tajo hacia otras regiones, no pueden utilizarla en sus campos, lo que convierte a amplias zonas de la comunidad en un secano insostenible. Esta realidad amenaza la viabilidad de cultivos fundamentales como viñas, olivos, almendros y pistachos, que sostienen la población rural y la economía local.

El hidrogeólogo Francisco Turrión, con más de 30 años de experiencia en la Confederación Hidrográfica del Segura, ha denunciado con contundencia que el actual sistema de trasvases prioriza intereses industriales y fondos de inversión sobre la supervivencia de los agricultores y la vida en Castilla-La Mancha. Según Turrión, su trabajo científico ha sido sistemáticamente desacreditado por cuestionar la versión oficial, pero su base técnica es sólida y avala sus alertas sobre la gestión injusta del agua.

“No podemos consentir que el agua del Tajo-Segura se destine a cultivos industriales en otras regiones, mientras que nuestros cultivos sociales —que crean mano de obra y fijan población—, como viñas, olivos, almendros y pistachos, se secan. Esta agua es de Castilla-La Mancha y debe servir a los agricultores y a la vida en nuestros pueblos”, subraya Turrión.

El contexto legal reciente refuerza la crítica: el Tribunal Supremo ha confirmado la validez de los caudales ecológicos del Tajo, y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado al Ejecutivo central que modifique las reglas de explotación del trasvase, con el objetivo de proteger la cuenca y garantizar el uso justo del agua para quienes realmente dependen de ella.

Desde Castilla-La Mancha se defiende con firmeza que el agua no debe ser un instrumento de especulación ni un recurso que favorezca a grandes intereses a costa de la agricultura tradicional y de la vida rural, y se exige que los recursos hídricos se destinen a garantizar la supervivencia y sostenibilidad de los agricultores locales.

Con una sola hectárea de riego industrial podría regarse más de veinte hectáreas de cultivo leñoso en Castilla-La Mancha.

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Los agricultores de Castilla-La Mancha enfrentan una situación crítica: mientras ven pasar el agua del Tajo hacia otras regiones, no pueden utilizarla en sus campos, lo que convierte a amplias zonas de la comunidad en un secano insostenible. Esta realidad amenaza la viabilidad de cultivos fundamentales como viñas, olivos, almendros y pistachos, que sostienen la población rural y la economía local.

El hidrogeólogo Francisco Turrión, con más de 30 años de experiencia en la Confederación Hidrográfica del Segura, ha denunciado con contundencia que el actual sistema de trasvases prioriza intereses industriales y fondos de inversión sobre la supervivencia de los agricultores y la vida en Castilla-La Mancha. Según Turrión, su trabajo científico ha sido sistemáticamente desacreditado por cuestionar la versión oficial, pero su base técnica es sólida y avala sus alertas sobre la gestión injusta del agua.

“No podemos consentir que el agua del Tajo-Segura se destine a cultivos industriales en otras regiones, mientras que nuestros cultivos sociales —que crean mano de obra y fijan población—, como viñas, olivos, almendros y pistachos, se secan. Esta agua es de Castilla-La Mancha y debe servir a los agricultores y a la vida en nuestros pueblos”, subraya Turrión.

El contexto legal reciente refuerza la crítica: el Tribunal Supremo ha confirmado la validez de los caudales ecológicos del Tajo, y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado al Ejecutivo central que modifique las reglas de explotación del trasvase, con el objetivo de proteger la cuenca y garantizar el uso justo del agua para quienes realmente dependen de ella.

Desde Castilla-La Mancha se defiende con firmeza que el agua no debe ser un instrumento de especulación ni un recurso que favorezca a grandes intereses a costa de la agricultura tradicional y de la vida rural, y se exige que los recursos hídricos se destinen a garantizar la supervivencia y sostenibilidad de los agricultores locales.

Con una sola hectárea de riego industrial podría regarse más de veinte hectáreas de cultivo leñoso en Castilla-La Mancha.

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