Castilla-La Mancha, 17 de septiembre de 2026.
AGRICAMAN pide el cese de la ministra de Trabajo y del ministro del Interior ante lo que considera una absoluta equivocación en las prioridades del Gobierno y un trato injustificadamente intimidatorio hacia agricultores y ganaderos durante los controles laborales que se están realizando coincidiendo con las campañas agrícolas.
La organización considera inadmisible el despliegue realizado esta semana en los campos de Castilla-La Mancha, con presencia de la Inspección de Trabajo y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que «parecía más propio de la búsqueda de un terrorista o de una operación contra el crimen organizado que de una inspección laboral en una explotación agrícola».
Las prioridades del Gobierno están equivocadas
AGRICAMAN considera especialmente indignante este despliegue de medios cuando España afronta problemas de seguridad mucho más graves y que deberían constituir una verdadera prioridad para el Ministerio del Interior.
«Tenemos el grave problema vivido en Ceuta, tenemos el narcotráfico y la entrada de droga por el Campo de Gibraltar y tenemos los robos que sufren nuestros pueblos y nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas. Es ahí donde queremos ver todos los medios necesarios y toda la contundencia del Estado».
La organización reclama una mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para perseguir los robos de maquinaria, gasóleo, cosechas y ganado, combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico y garantizar un control efectivo de las fronteras.
«Queremos a la Guardia Civil en nuestros pueblos y en nuestros campos y valoramos enormemente el trabajo de sus agentes. Nuestra crítica no va dirigida contra ellos, que cumplen las órdenes que reciben, sino contra los responsables políticos que deciden dónde, cuándo y cómo se utilizan los recursos públicos».
Para AGRICAMAN, la presencia policial junto a la Inspección de Trabajo puede estar plenamente justificada cuando existan indicios de explotación laboral, trata de personas, violencia o cualquier actividad delictiva. Lo que considera inadmisible es convertir una inspección laboral ordinaria en un despliegue que genere la sensación de que se está persiguiendo a delincuentes peligrosos. «Basta ya. Los agricultores y ganaderos no somos delincuentes».
No pedimos incumplir la ley; pedimos que cumplirla sea sencillo
AGRICAMAN deja claro que no cuestiona que todos los trabajadores tengan que estar correctamente contratados y dados de alta en la Seguridad Social. Todo lo contrario.
La agricultura y la ganadería tienen unas necesidades de mano de obra muy particulares. Una explotación puede necesitar cinco trabajadores durante quince días, otra diez durante un mes y otra mantenerlos durante varios meses. La contratación tiene que adaptarse a las necesidades reales del campo y no al revés.
«Si un agricultor necesita trabajadores durante quince días, tiene que poder contratarlos legalmente durante esos quince días mediante un procedimiento rápido y sencillo, pagar sus salarios y cotizaciones y cumplir con sus obligaciones. Si los necesita durante un mes, durante un mes. Lo que no puede hacer la Administración es crear un laberinto burocrático y después presentarse en el campo con un despliegue policial desproporcionado».
AGRICAMAN advierte de que poner obstáculos a la contratación temporal termina perjudicando también a quienes buscan empleo. Si un agricultor necesita mano de obra durante unas semanas y contratarla se convierte en una carrera de obstáculos, puede terminar intentando realizar la campaña únicamente con sus trabajadores habituales y dejar parte de la cosecha sin recoger. «Eso significa cosecha perdida para el agricultor, pero también puestos de trabajo que podrían haberse creado y finalmente no se crean. Cuantas más facilidades existan para contratar legalmente, más personas podrán trabajar».
La organización reclama igualmente sentido común en las exigencias aplicables a las explotaciones. «El campo no es una oficina ni una fábrica. Hay que garantizar la seguridad, la salud y la dignidad de los trabajadores, pero las normas tienen que aplicarse teniendo en cuenta la realidad del medio rural».
Si están aquí y quieren trabajar, permitan que trabajen
AGRICAMAN considera igualmente incoherente la política del Gobierno en materia de inmigración y empleo. Por una parte, exige un mayor control de las fronteras y una inmigración legal, ordenada y coordinada con las necesidades reales de mano de obra. Cuando el campo u otros sectores necesiten trabajadores, deben existir mecanismos para que esas personas puedan venir legalmente a España con la documentación necesaria para ser contratadas desde el primer día.
Pero la organización plantea también qué ocurre con aquellas personas que ya se encuentran en España, quieren trabajar y encuentran un empresario dispuesto a contratarlas. «Si una persona está aquí, quiere trabajar y un agricultor necesita trabajadores, ¿qué sentido tiene mantenerla durante meses sin poder trabajar legalmente por su situación administrativa? Cuando sea jurídicamente posible, deben establecerse autorizaciones temporales o procedimientos ágiles que les permitan trabajar mientras se resuelve definitivamente su situación».
AGRICAMAN recuerda que esas personas necesitan alimentarse, alojarse y cubrir sus necesidades básicas. «¿Qué pretende el Ministerio de Trabajo que haga durante meses una persona que quiere ganarse honradamente su sustento si la propia Administración no le permite trabajar? Trabajar no debería ser el problema; debería formar parte de la solución».
Para AGRICAMAN, la política debe actuar en las dos direcciones: controlar realmente las fronteras y ordenar la inmigración futura, pero también ofrecer soluciones legales a quienes ya se encuentran en España y pueden incorporarse al mercado laboral.
Más control sobre el verdadero fraude
AGRICAMAN reclama al Ministerio de Trabajo que dedique también sus recursos a perseguir el verdadero fraude y, entre otras situaciones, controle a quienes perciben prestaciones públicas y al mismo tiempo realizan trabajos sin declarar.
Asimismo, propone abrir el debate sobre mecanismos legales que permitan que aquellas personas en condiciones de trabajar que perciban determinadas prestaciones puedan incorporarse al empleo o colaborar, a través de los ayuntamientos, en actividades de interés general como limpieza y mantenimiento de caminos, montes, espacios públicos y otras necesidades de los municipios.
«Las prestaciones tienen que proteger a quien realmente las necesita, pero las políticas públicas también deben favorecer que quien pueda trabajar se incorpore al empleo y contribuya a la sociedad».
AGRICAMAN exige responsabilidades
Por todo ello, AGRICAMAN pide el cese de la ministra de Trabajo y del ministro del Interior y exige al Gobierno un cambio inmediato de prioridades.
«Interior debe concentrar sus esfuerzos en proteger nuestras fronteras, combatir el narcotráfico y perseguir a quienes roban en nuestros pueblos y explotaciones. Trabajo debe facilitar la contratación legal, perseguir el verdadero fraude y conseguir que quien quiera trabajar pueda hacerlo legalmente».
AGRICAMAN concluye reclamando al Gobierno que deje de poner permanentemente bajo sospecha al sector primario:
«Los agricultores y ganaderos producimos alimentos, generamos empleo y mantenemos vivos nuestros pueblos. No pedimos privilegios ni que se nos permita incumplir la ley. Pedimos sentido común, facilidades para cumplirla y respeto. Basta ya de tratar al campo como si estuviera lleno de delincuentes».
