La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha hecho pública la respuesta recibida por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras solicitar información sobre el importe total recaudado por sanciones en el Acuífero 23 desde su declaración de sobreexplotación en 1987.
Según los datos facilitados por la propia Confederación, únicamente existen registros desde el año 2003, alcanzando la cifra total de 46.311.428,30 euros recaudados en concepto de infracciones durante las últimas dos décadas.
Aumento progresivo de sanciones
En 2003, primer año con datos disponibles, las sanciones sumaron 146.575 euros. Desde entonces, la cantidad se ha incrementado notablemente, llegando a más de dos millones de euros en 2025. Algunos años destacados son 2006 y 2011, con más de cuatro millones recaudados; 2009, con 3,1 millones; 2013, con 2,8 millones, y 2024, con 2,7 millones de euros.
Desde la AIVE denuncian el “enorme incremento en la recaudación” y lo atribuyen al “afán recaudatorio” de la Confederación en el ámbito del Acuífero 23, una zona de especial relevancia para el regadío en Castilla-La Mancha y, particularmente, para el sector vitivinícola de la comarca de Socuéllamos y su entorno.
Destino de los fondos
La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha indicado que 42,5 millones de euros se han destinado al presupuesto propio del organismo, mientras que algo más de 3 millones ingresaron en el Tesoro Público.
Según la CHG, la falta de datos anteriores a 2003 se debe a que la aplicación informática utilizada para la gestión recaudatoria “debe ser depurada periódicamente” para evitar el colapso de los sistemas, y no es posible distinguir los importes por tipo de infracción o procedimiento sancionador.
Posibles acciones legales
Tras conocer estos datos, la AIVE ha anunciado que estudia emprender “acciones legales contra la Confederación Hidrográfica del Guadiana” por un posible “uso indebido de los recursos presupuestarios”, lamentando que “un organismo tan relevante para el regadío de Castilla-La Mancha tenga que financiarse con fondos provenientes de las sanciones”.
Además, la asociación presidida por Lorenzo Delgado adelantó que solicitará también información sobre el destino de otros fondos públicos relacionados con infraestructuras y planes hídricos, como la Tubería Manchega, el Plan de Humedales y el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).
Con esta iniciativa, la AIVE busca “transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos que afectan directamente al desarrollo agrícola e industrial de la región”, subrayando que el sector vitivinícola “depende de una administración justa y equilibrada del agua”.
