El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de una carta firmada por la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, ha enviado una notificación a Rafael Gómez Arribas, propietario del aeropuerto de Ciudad Real. En la misiva, se le informa que en los próximos días recibirá detalles sobre la fecha y hora en que se llevará a cabo una inspección en las instalaciones del aeropuerto, en el marco de las competencias autonómicas. Esto sucede tras la controversia surgida esta semana, en la que se ha revelado la posibilidad de que el aeropuerto esté siendo preparado para acoger inmigrantes.
Esta situación abre la puerta a un posible expediente sancionador en materia urbanística contra la empresa propietaria del aeropuerto. Sin embargo, se aclara que la competencia en este asunto recae habitualmente en el Ayuntamiento, aunque el Gobierno regional ha asumido la responsabilidad.
Según varias fuentes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha estado negociando con Ciudad Real International Airport (CRIA) el traslado de cientos de inmigrantes a estas instalaciones. Durante la semana pasada, se han mantenido conversaciones y llamadas con los responsables del aeropuerto en relación con este tema.
Lo que en un principio parecía que se haría mediante la instalación de barracones o estructuras prefabricadas, según las mismas fuentes, ha evolucionado hacia la posibilidad de utilizar la terminal de carga del aeropuerto. Varias empresas de limpieza y mantenimiento han presentado presupuestos para acondicionar este edificio.
Aunque inicialmente se descartaron las posibles obras que maquinaria de Tragsa estaba realizando en el lugar para adecuar un terreno, a lo largo de la semana tomó fuerza la opción de utilizar la terminal de carga, reconocida por los responsables de CRIA a diferentes políticos, quienes confirmaron que este sería el espacio destinado para iniciar un centro de acogida de inmigrantes en un plazo de dos o tres semanas.
El acuerdo, según parece, se realizaría bajo la modalidad de "llave en mano", lo que implica que el Gobierno de Sánchez fijaría una cantidad de dinero (que no ha sido revelada) para que CRIA gestionara la contratación de los distintos servicios necesarios, como el catering, mantenimiento o recogida de residuos a través del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
