El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido extender la validez del Plan Especial del Alto Guadiana, conocido como PEAG, hasta el 31 de diciembre del año 2030. Esta decisión, que se integrará a través de una disposición transitoria en el futuro Plan Hidrológico del Guadiana, evita que el documento caduque a finales de 2027, salvaguardando así el futuro hídrico de miles de agricultores de la región.
Gracias a esta prórroga administrativa, alrededor de 4.500 explotaciones de cultivos leñosos, que engloban viñedos, olivares, almendros y pistachos sobre una superficie superior a las 20.000 hectáreas, podrán conservar sus concesiones de riego. En paralelo, la medida ofrece un respiro para que unos 1.200 expedientes de regularización de agricultores profesionales y explotaciones prioritarias puedan seguir su curso sin riesgo de archivo.
Desde la administración regional han querido transmitir un mensaje de tranquilidad al sector agrícola: "Ni un agricultor de leñosos pierde su agua por un vencimiento administrativo, y mantenemos la reclamación y la opción de lo que es de justicia en el caso de las explotaciones prioritarias y los agricultores profesionales".
Un nuevo marco para el desarrollo y el medio ambiente
Esta ampliación de plazos está estrechamente ligada a la redacción de un nuevo marco de actuación para la recuperación medioambiental del Alto Guadiana y del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, cuya aprobación definitiva se espera para antes de que acabe 2028.
Respecto a la hoja de ruta de este futuro proyecto, las fuentes del Ejecutivo autonómico se muestran tajantes: "La posición de Castilla-La Mancha es clara: El agua del Alto Guadiana tiene que servir a la vez para recuperar los acuíferos, para mantener viva la agricultura y generar desarrollo y para proteger Las Tablas de Daimiel. Las tres cosas, no una. Es la triple finalidad que debe tener el nuevo marco".
Bajo esta premisa, la intención es asegurar el futuro a medio plazo y exigir a los próximos gobiernos centrales, sin importar el color político, que mantengan el PEAG al menos hasta 2030 "con el objetivo de dar estabilidad al sector y avanzar en un nuevo acuerdo que permita preservar unas explotaciones que, sin duda, aportan desarrollo y riqueza a una comarca muy importante".
Creación de una Bolsa de Derechos de Agua
Junto a la ampliación de los plazos, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha puesto sobre la mesa la creación de la Bolsa de Derechos de Agua de Castilla-La Mancha. El objetivo de este mecanismo es retener y gestionar los recursos hídricos que queden liberados en el territorio, alimentándose de un porcentaje de los derechos que se transfieran entre particulares y mediante la compra pública a agricultores dispuestos a vender a un precio justo y tasado.
Los recursos almacenados en esta bolsa tendrán un claro fin social y medioambiental. Principalmente se utilizarán para fomentar el relevo generacional incorporando jóvenes al campo, consolidar explotaciones profesionales históricas, apoyar proyectos estratégicos y destinar una cuota a la recuperación natural de los acuíferos. Además, el modelo será estricto: si un adjudicatario abandona el cultivo, los derechos retornarán automáticamente a la bolsa pública.
La titularidad de las concesiones continuará siendo competencia exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Sin embargo, será la administración castellanomanchega la encargada de proponer a los beneficiarios basándose en criterios de desarrollo rural.
Según el calendario trazado, el diseño normativo de la bolsa de agua y el nuevo Plan Hidrológico del Guadiana deberán estar aprobados en 2027. Tras la puesta en marcha de las primeras ofertas de adquisición en 2028, se espera que entre los años 2029 y 2030 comiencen a llegar las primeras asignaciones reales de agua para los jóvenes agricultores y las explotaciones prioritarias.
