La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha puesto punto final al intento de construir una planta de biometano en Socuéllamos. Tras el rechazo formal emitido por el Ayuntamiento de Socuéllamos en sesión plenaria, la Administración autonómica ha procedido a archivar definitivamente los trámites impulsados por la empresa promotora, Bravoita S.L.
Cabe recordar que la propuesta para la implantación de este tipo de instalaciones partió originariamente de una iniciativa de la propia Junta de Comunidades a través de su Plan de Biometanización presentado por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Mercedes Gómez. Sin embargo, una vez constatado el fuerte rechazo de la población, el Gobierno regional se ha visto obligado a cambiar su criterio inicial que gozaba en su momento de su visto bueno, con informes positivos de impacto ambiental redactados por los técnicos, viéndose forzado a frenar el avance de este modelo industrial en el municipio.
En este cambio de rumbo institucional, la Plataforma Stop Biometano de Socuéllamos ha tenido un papel protagonist. La movilización ciudadana liderada por este colectivo ha sido el motor principal para articular la oposición frontal contra esta industria y lograr, en última instancia, la paralización del proyecto.
La decisión del archivo definitivo ha sido comunicada a las autoridades locales a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, organismo que ha dado por concluidos los dos procedimientos administrativos que mantenían en pie la propuesta. En primer lugar, se ha declarado finalizada la evaluación de impacto ambiental como consecuencia directa del acuerdo desfavorable y vinculante adoptado por la corporación municipal. Como resultado de lo anterior, también se ha clausurado el expediente de autorización ambiental integrada.
Desde la delegación provincial en Ciudad Real, su responsable, Blanca Fernández, ha puesto en valor el cierre del expediente. "El Ejecutivo autonómico ha cumplido su palabra y ha dado respuesta a la preocupación de los vecinos, ya que nuestra voluntad ha sido siempre garantizar que los municipios tengan total capacidad de decisión sobre la implantación de este tipo de instalaciones en sus términos", ha manifestado la delegada.
Este bloqueo administrativo se fundamenta legalmente en la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Tras dicho cambio normativo, cualquier infraestructura de estas características que se encuentre en fase de evaluación requiere de manera obligatoria el apoyo expreso y favorable del consistorio donde pretenda ubicarse, confirmando así que no se impondrán proyectos de alto impacto sin el necesario consenso social y político.
