La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de CLM se manifiesta contra la Ley de Amnistía

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La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ante el documento suscrito por el Psoe y Junts en el que se incluyen referencias al “lawfare" o judicialización de la política ha mostrado su total rechazo en un comunicado “frente a lo que supondría el final de la separación de poderes en un estado de derecho que ha regido España y la vida de los españoles durante los últimos cuarenta y cinco años”.

La Sala de Gobierno del TSJCLM se ha adherido a los diferentes comunicados emitidos desde el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de jueces y fiscales, o los jueces decanos de España, y consideran que las referencias en el documento político suscrito, que incluyen la posibilidad de constituir comisiones parlamentarias para determinar situaciones de “judicialización de la política” y las consecuencias derivadas de ello, “resultan una intromisión hasta ahora inaudita en la labor de juzgados y tribunales, y un ataque frontal a la separación de poderes, que implicaría que el Poder Legislativo se convierta en supervisor del poder judicial”.

En un estado democrático y de derecho en el que la acción del Poder Judicial es independiente y se rige única y exclusivamente al imperio de la ley, tal y como establece la Constitución española, resultan inadmisibles iniciativas como la propuesta en el documento suscrito, y en última instancia un grave menoscabo a los derechos y libertades de todos los españoles”, termina la declaración.

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La Sala de Gobierno del TSJCLM se ha adherido a los diferentes comunicados emitidos desde el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de jueces y fiscales, o los jueces decanos de España, y consideran que las referencias en el documento político suscrito, que incluyen la posibilidad de constituir comisiones parlamentarias para determinar situaciones de “judicialización de la política” y las consecuencias derivadas de ello, “resultan una intromisión hasta ahora inaudita en la labor de juzgados y tribunales, y un ataque frontal a la separación de poderes, que implicaría que el Poder Legislativo se convierta en supervisor del poder judicial”.

En un estado democrático y de derecho en el que la acción del Poder Judicial es independiente y se rige única y exclusivamente al imperio de la ley, tal y como establece la Constitución española, resultan inadmisibles iniciativas como la propuesta en el documento suscrito, y en última instancia un grave menoscabo a los derechos y libertades de todos los españoles”, termina la declaración.

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