El pasado 17 de septiembre, la Comisión Europea dio a conocer las Asignaciones Nacionales Mínimas (ANM), un mecanismo destinado a garantizar la renta de los agricultores dentro de la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034. El anuncio lo hizo el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, en el marco de la propuesta presupuestaria de la UE para los próximos siete años.
De acuerdo con Bruselas, este sistema asegurará ingresos para los productores hasta 2034, aunque supone también cambios de calado: un recorte superior al 20% en los pagos directos, la fusión de los dos pilares clásicos de la PAC —el Fondo Europeo Agrario de Garantía Agraria (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader)—, así como una mayor responsabilidad de los Estados miembros a la hora de complementar la financiación.
La cifra fijada como base mínima asciende a 300.000 millones de euros, lejos de los 400.000 millones del actual marco 2021-2027, lo que implica una reducción cercana al 25% (unos 100.000 millones de euros menos).
Reacciones en el sector
La organización agraria ASAJA mostró un “rechazo total y frontal” a la propuesta y pidió su retirada inmediata, al considerar que confirma un recorte significativo de las ayudas directas.
El director de su oficina en Bruselas, José María Castilla, explicó que “el ajuste es del 22%, pero no afecta a todos los países por igual. Mientras Polonia gana recursos, España, Italia, Francia o Grecia sufren pérdidas importantes”. Castilla instó al Gobierno español a mantener una posición firme en el Consejo, recordando que el marco financiero solo puede salir adelante con unanimidad, y adelantó que se preparan movilizaciones contra la iniciativa comunitaria.
En el reparto propuesto, España recibiría unos 37.235 millones de euros, lo que la coloca como segunda beneficiaria tras Francia (50.938 millones), y por delante de Alemania, Italia y Polonia.
Argumentos de la Comisión
En un comunicado, la Comisión Europea defendió que la reforma responde a los grandes desafíos del sector agrícola y garantiza “una financiación mínima estable para la renta de los agricultores”. Los 300.000 millones de euros previstos incluyen no solo pagos directos, sino también inversiones, medidas medioambientales y una Red de Seguridad Unificada de 6.300 millones para afrontar crisis de mercado.
Según Bruselas, este planteamiento proporciona “estabilidad, previsibilidad y un mayor impacto del gasto comunitario”.
Además, la Comisión recuerda que, junto a los fondos de la PAC, los Estados miembros dispondrán de 453.000 millones de euros adicionales en los Planes de Asociación Nacionales y Regionales (PAN), que podrán destinarse a programas como LEADER, iniciativas de innovación o planes para fomentar el consumo escolar de frutas, hortalizas y leche.
La dotación mínima asignada a cada país se ha calculado tomando como referencia el último año del actual marco financiero (2027). La Comisión insiste, asimismo, en que la agricultura y las zonas rurales pueden beneficiarse de recursos procedentes de otros programas comunitarios.
