"Celebramos que la Junta de Castilla-La Mancha rectifique, pero exigimos la repetición inmediata del examen de PGA por graves irregularidades"
Toledo, 30 de julio de 2025 – La Plataforma de Profesores de Castilla‑La Mancha celebramos que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes haya rectificado su posición inicial y haya decidido incluir en la bolsa de reserva a quienes se presentaron por primera vez al proceso selectivo de 2025.
Esta medida, anunciada públicamente el 28 de julio por la Consejería, responde a una demanda legítima y justa. Sin embargo, no soluciona el problema principal, ni restituye los derechos vulnerados durante el desarrollo de un examen que ha sido una auténtica chapuza, según reconocen ya incluso fuentes internas.
Por ello, desde este colectivo exigimos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha valentía política, sentido común y responsabilidad institucional: el proceso de PGA debe repetirse. No hacerlo supondría avalar un procedimiento plagado de irregularidades, que atenta contra los principios de igualdad, mérito, capacidad y legalidad que deben regir cualquier oposición pública.
¿Por qué el examen debe repetirse? Lo explicamos de forma clara y detallada:
Ejercicio 1:
Se pedía calcular una nómina completa, incluyendo el cálculo de la retención del IRPF. Para ello, era imprescindible conocer los rendimientos del cónyuge del trabajador (dato requerido por el propio Reglamento del IRPF). Este dato no se proporcionó, lo que obligó a los opositores a inventárselo, generando soluciones distintas y afectando gravemente a la objetividad y equidad de la prueba.
Ejercicio 2:
Incluía contenidos detallados sobre el IRPF, a pesar de que esta materia no figura en el temario oficial de la especialidad de PGA. Esto vulnera el principio de legalidad: no se puede exigir a un opositor que responda sobre un contenido que no está recogido en la convocatoria.
Ejercicio 4:
Se requería confeccionar una factura utilizando una guía o plantilla de Excel que debía entregarse al inicio del examen. Sin embargo, en muchas aulas se entregó con hasta 45 minutos de retraso, y en otras directamente no se entregó nunca. A pesar de esta grave irregularidad, muchos opositores intentaron resolver el ejercicio, perdiendo tiempo valioso. El tribunal acabó anulándolo en un comunicado posterior, pero la desigualdad ya se había producido.
Ejercicio 5:
Se pedía calcular el punto muerto de una empresa, para lo cual era imprescindible conocer el precio de venta del producto, dato que no se facilitó. En algunos tribunales se permitió inventarlo, en otros no. De nuevo, una diferencia de trato flagrante y un claro agravio comparativo entre aspirantes.
Criterios de calificación alterados:
El baremo publicado por la propia Consejería establecía que el ejercicio práctico se valoraría hasta 8,5 puntos por los supuestos, y hasta 1,5 puntos adicionales por justificación técnica, didáctica y aspectos formales. Sin embargo, el tribunal modificó estos criterios unilateralmente, indicando que los 1,5 puntos solo se sumarían si los ejercicios estaban perfectos, algo que no figura en las bases oficiales. Esto supone otra vulneración más del principio de legalidad.
Desigualdad de tiempos entre aspirantes:
La anulación del ejercicio 4 ha generado una ventaja objetiva para quienes no sabían resolverlo. Estas personas lo descartaron desde el principio y utilizaron las dos horas completas en los ejercicios restantes. Por el contrario, quienes sí sabían resolverlo intentaron hacerlo a pesar de no tener la plantilla, y perdieron entre 30 y 45 minutos en un ejercicio que finalmente no contó. Es decir, los mejor preparados tuvieron menos tiempo para resolver los ejercicios nº 1, 2, 3 y 5. Se premió al que menos sabía. Esto vulnera abiertamente los principios de mérito e igualdad.
Transparencia: ¿dónde están los exámenes?
Mientras comunidades como Navarra, Asturias, Madrid y otras ya han publicado los exámenes de todas las especialidades, en Castilla-La Mancha ni siquiera se ha publicado el examen de PGA, el más polémico de todos. La opacidad con la que se ha gestionado este proceso es inaceptable. Exigimos la publicación inmediata de todos los enunciados, como garantía de transparencia y respeto a la ciudadanía.
La excusa de "a mí me salió bien" no sirve
Es importante subrayar que, aunque a una persona le haya salido bien el examen, eso no convierte en legal un procedimiento ilegal. Lo explicamos con un ejemplo muy claro:
"Imaginemos que el presidente del tribunal es el conductor de un autobús. Decide ir a 160 km/h por una autovía limitada a 100. Habrá pasajeros que lleguen bien, incluso contentos, pero eso no convierte el viaje en legal. Ha sido una ilegalidad y hay que repetirlo. Pues eso ha ocurrido con este examen."
No hay impedimento legal para repetirlo
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado la suspensión cautelar del proceso, precisamente por detectar indicios serios de ilegalidad. Esta suspensión no impide que la Consejería ordene la repetición del examen si reconoce que el proceso ha sido defectuoso. Al contrario: si la Administración acepta que no se han respetado los principios legales, el juez no puede oponerse a que se vuelva a realizar el examen, que es exactamente lo que pide la demanda presentada.
Por todo ello, exigimos:
La repetición inmediata del examen práctico con todas las garantías legales.
La designación de un nuevo tribunal, que garantice la equidad y el rigor técnico.
La publicación oficial de todos los enunciados de los ejercicios prácticos realizados.
