La venta de platos, cubiertos, pajitas, bastoncillos y envases de polietireno para alimentos quedarán prohibidos en el conjunto de la Unión Europea este sábado, 3 de julio. En el caso de España, el Gobierno ha asegurado que la prohibición también será "efectiva" desde esta fecha, a pesar de que la directiva europea que lo regula no está aún transpuesta al ordenamiento jurídico nacional.
En una reciente nota informativa de la Subdirección General de Economía Circular de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) confirma que "las restricciones a la entrada en el mercado y las obligaciones de marcado entrarán en vigor a partir del 3 de julio de 2021".
La Comisión Europea busca la retirada del mercado de los productos de plástico de usar y tirar para los que ya existen alternativas y, para ello, aprobó hace ya dos años una Directiva al respecto, que daba de plazo a los Estados miembro hasta este próximo sábado.
En concreto, estos son los productos prohibidos:
- Cualquier producto fabricado con plástico oxodegradable, con microesferas de menos de 5 milímetros.
- Bastoncillos de algodón.
- Cubiertos de plástico.
- Platos.
- Pajitas.
- Palitos agitadores de bebidas.
- El palo de los globos.
- Recipientes de poliestireno expandido y vasos del mismo material.
Hoy también entran en vigor en el conjunto de la UE una serie de obligaciones de mercado para compresas, tampones higiénicos y aplicadores de tampones; toallitas húmedas; productos del tabaco con filtros y vasos de bebida.
La Directiva establece obligaciones claras en cuanto a la prohibición de determinados artículos a partir de este 3 de julio y las empresas, en muchos casos, ya se están adaptando a esta circunstancia, pues comercializan sus productos en toda la UE.
Lo que prohíbe la norma es la introducción en el canal de distribución, pero el comerciante que ya lo ha adquirido lo puede vender por lo que desde el Ministerio se está haciendo un análisis jurídico para determinar las posibilidades de su aplicación directa.
