El Grupo Parlamentario Vox ha presentado este miércoles ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso una proposición no de ley que persigue blindar la producción española de tomate frente a lo que consideran una competencia desleal procedente de terceros países. En concreto, la formación ha solicitado formalmente que se suspenda el Acuerdo de Asociación vigente entre la Unión Europea y Marruecos.
Según detalla el partido, los agricultores españoles se enfrentan a costes laborales muy superiores, a normativas fitosanitarias y medioambientales cada vez más asfixiantes y a un exceso de burocracia. Por el contrario, denuncian que las importaciones marroquíes acceden al mercado común sin tener que cumplir con exigencias similares.
En esta línea, entidades de gran peso en el sector agroalimentario como la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL) llevan tiempo advirtiendo de que no se respetan los cupos de entrada del tomate extranjero ni se están cobrando los aranceles estipulados. Desde la organización almeriense exigen un etiquetado transparente, controles verdaderamente eficaces y que se cumpla de forma estricta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los productos procedentes del Sáhara Occidental.
Para Vox, estas continuas infracciones son motivo más que suficiente para paralizar el tratado, una postura que el partido defiende en la cámara desde el año 2021. La proposición recuerda la resolución judicial dictada en octubre de 2024, que anulaba las ventajas comerciales a los productos del territorio saharaui al no disponer del visto bueno de su pueblo. Aunque desde las instituciones comunitarias se intentó sortear este escollo legal mediante una reforma comercial, el trámite quedó bloqueado a raíz de la reciente crisis migratoria vivida en Ceuta. Ante esta tesitura, incluso el Partido Popular Europeo ha dejado la puerta abierta a una posible suspensión de las relaciones comerciales.
El líder de la formación, Santiago Abascal, se ha mostrado contundente respecto a la coyuntura fronteriza y comercial: "quien agrede nuestras fronteras y reivindica nuestros territorios no puede continuar disfrutando de un trato comercial preferente".
La iniciativa parlamentaria no solo busca frenar las importaciones que consideran irregulares, sino que también exige la aplicación de las llamadas cláusulas espejo, el principio de preferencia comunitaria y la retirada definitiva de las ayudas europeas destinadas al campo marroquí. El objetivo final es redirigir esos fondos económicos a la modernización y al relevo generacional de las explotaciones nacionales.
Desde la formación política concluyen advirtiendo de la gravedad de la situación actual para el sector primario nacional: "El campo español no puede seguir pagando el precio de una relación privilegiada con Marruecos que perjudica a nuestros agricultores, favorece la competencia desleal y debilita nuestra soberanía alimentaria".
