Lo que arrancó como una promesa de desarrollo ecológico en Castilla-La Mancha es hoy uno de los mayores conflictos políticos y sociales de la región. Repasamos los hechos que explican esta evolución.
El origen: el impulso institucional desde la Junta presentando el Plan de Biometanización
El impulso del biometano nació de la apuesta decidida del Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por Emiliano García-Page, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible (cuya consejera es Mercedes Gómez). Para estructurar este despliegue, la administración autonómica impulsó el Plan Regional de Biometanización (https://energia.castillalamancha.es/plan-regional-biometanizacion) proyectando la instalación de entre 80 y 100 plantas industriales con una inversión privada estimada en 1.425 millones de euros. El objetivo del ejecutivo era procesar más de 15 millones de toneladas anuales de purines y residuos agroganaderos, argumentando beneficios para la descarbonización, la economía circular y la creación de empleo en el medio rural.
La contestación social: alegaciones y protestas en las calles
Sin embargo, la proliferación repentina de decenas de proyectos provocó un rechazo social impulsado por colectivos como Stop Ganadería Industrial C-LM, la red de Plataformas Ciudadanas Stop Biometano y organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción que organizaron y articularon la respuesta vecinal. Argumentos como los malos olores, el tráfico constante de camiones pesados, la potencial contaminación de acuíferos y el temor a un "efecto llamada" para la instalación de macrogranjas impulsaron la protesta ciudadana.
Esta oposición se tradujo en la presentación de más de 15.000 alegaciones contra la propuesta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en manifestaciones en varios pueblos y capitales, entre ellos Socuéllamos.
Texto corregido
En Socuéllamos, el Ayuntamiento, ante la presión de la movilización ciudadana y tras una votación en pleno, promovió el cambio de las normas subsidiarias mediante la Modificación Puntual n.º 15 para regular el suelo rústico. Con esta medida se fijaron límites de 75 toneladas diarias (2/3 camiones) para las plantas de biometano, distancias superiores a 5000 metros del casco urbano y un máximo de 5,1 UGM para explotaciones ganaderas porcinas (Unidades de Ganado Mayor, se toma como referencia una vaca adulta que equivale a dos cerdos); unas condiciones que hacen inviable económicamente la instalación de una planta en la localidad o una granja (ya que no podrían tener más de 10 cerdos).
La Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por su parte emitió desde Ciudad Real una resolución ambiental favorable simplificada, otorgando un plazo de cuatro años al consistorio para la aprobación definitiva de las normas, condicionada a los criterios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
Giro político a nivel de la Junta y la encrucijada actual
La contestación social llevó al Gobierno de Castilla-La Mancha a retirar el borrador original de su plan para reformular la estrategia. La vía elegida ha sido la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental y el desarrollo de un nuevo decreto específico.
La normativa otorga a los Ayuntamientos la facultad de emitir informes motivados para aceptar o denegar proyectos en su término municipal y establece que el 80% de los residuos procesados deba proceder de un radio de 35 kilómetros. En el plano político, formaciones de la oposición han criticado la medida argumentando que la administración regional pretende utilizar a los alcaldes como "escudo político". Por su parte, los colectivos vecinales permanecen cautos ante la posibilidad de que la figura de "Proyectos Prioritarios" mantenga puertas abiertas para tramitaciones excepcionales, dejando la regulación del biometano en un delicado equilibrio entre la política energética y la aceptación territorial. Con una Junta que tendría la última palabra en la legalización de estos "Proyectos Prioritarios" o los localizados en zonas vulnerables a los nitratos, con recepción de purines, vinazas y alperujos. (50 de las 70 plantas que se encuentran en esas condiciones, entre ellas la de Socuéllamos)
La Plataforma Stop Biometano Socuéllamos presenta un estudio a partir de las alegaciones ciudadanas
La Plataforma Stop Biometano Socuéllamos presentó un estudio elaborado a partir de las 415 aportaciones ciudadanas registradas en la consulta pública sobre el borrador del Decreto del Biometano. Los resultados de este estudio encargado por las plataformas reflejan un rechazo de la ciudadanía al modelo de macroplantas industriales promovido por el ejecutivo autonómico.
Recogida de firmas
En el marco de las fiestas mayores de Socuéllamos, la Plataforma de Socuéllamos impulsó una campaña de recogida de firmas en el municipio para presentar alegaciones formales contra el borrador del Decreto del Biometano promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según sostuvieron desde el propio colectivo, esta iniciativa buscaba articular la respuesta social para frenar la implantación de plantas de biometano en la comarca. Desde la agrupación afirmaron que la instalación de dichas infraestructuras suponía una amenaza directa para la salud pública, el medio ambiente y el modelo agrario tradicional, asegurando haber alcanzado más de 10.000 firmas de apoyo.
Denuncia pública por la inacción del sector vitivinícola
La plataforma tomó la iniciativa de enviar un escrito dirigido a las figuras de calidad agraria de la región para alertar sobre la amenaza que suponen las macroplantas.
Tras 50 días sin respuesta a su escrito, los portavoces de la plataforma, Luis de Francisco y José M.ª Requena, han denunciado la pasividad de las Denominaciones de Origen La Mancha y Valdepeñas. El colectivo advierte del riesgo que representan las macroplantas para el paisaje del viñedo en municipios como Socuéllamos, Campo de Criptana, Tomelloso o Valdepeñas, y contrapone esta postura a la movilización de otras zonas vitivinícolas como Ribera del Duero o Toro.
Por ello, la plataforma exige a los Consejos Reguladores regionales que se opongan a la implantación de estas plantas e insten a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a establecer una planificación territorial estricta que limite la actividad.
