El presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II, el socuellamino José Joaquín Gómez Alarcón, ha anunciado la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, en este caso, la del Guadiana.
José Joaquín Gómez ha indicado que el actual Plan Hidrológico del Guadiana, aprobado a principios de este año, es “muy lesivo” para los intereses de los regantes del Alto Guadiana por diversos motivos, como no aportar soluciones para las 68.000 concesiones de ampliación de cultivos leñosos sin aumentar el volumen autorizado pendientes de resolver, ni para los cerca de 1.500 expedientes de las conocidas como explotaciones prioritarias, tras catorce años de “promesas políticas incumplidas”.
El presidente de CUAS también se ha referido al precio del agua, indicando que el nuevo Plan Hidrológico pasa de 12 céntimos a 17 por metro cúbico, “lo que supondrán millonarios sanciones”, al pasar de la catalogación de leves a graves y afectando a usuarios con trámites pendientes de resolver.
Para resolver la situación actual, con miles de expedientes pendientes de resolución debido al “colapso administrativo” de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), desde Mancha Occidental II se han propuesto medidas como resolver los expedientes de explotaciones prioritarias; autorizar los 50 hectómetros cúbicos aprobados por Ley para los abastecimientos de una de las zonas con menor dotación para riego de toda España y mejorar la gestión administrativa de la CHG.
Además, el Gómez Alarcón ha ofrecido los servicios técnicos y el personal cualificado de CUAS Mancha Occidental II para abanderar la reactivación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), anunciada hace unos meses por el Gobierno de España y que contaría con una dotación de 250 millones.
La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa Mancha Occidental II es una entidad pública de gestión que cuenta con más de 90.000 hectáreas de regadío y unos 9.000 usuarios de municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. /
