Los profesionales del campo contarán con un nuevo respaldo económico para hacer frente a la escalada de precios de los insumos. El Consejo de Ministros aprobó este lunes un segundo real decreto-ley cargado de medidas excepcionales que buscan frenar las duras consecuencias económicas que el conflicto bélico en Irán está dejando en el sector primario.
A través de esta normativa, el Gobierno de España ha habilitado un soporte de 230 millones de euros dirigidos de forma exclusiva a la agricultura y la pesca. Si sumamos este importe a los 877 millones que ya se aprobaron el pasado mes de marzo mediante el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, el volumen total de ayudas para ambos sectores productivos asciende a la cifra histórica de 1.107 millones de euros.
Bonificación del combustible sin burocracia adicional
Una de las líneas fundamentales de este plan de choque es la prórroga de las subvenciones al carburante, una demanda constante del sector. Hasta el próximo 30 de septiembre, se mantendrá un descuento de hasta 20 céntimos por litro en la compra de gasóleo de uso agrícola.
Además, se ha buscado simplificar al máximo el proceso para que los agricultores y ganaderos no tengan que enfrentarse a nuevos trámites. El texto oficial establece que "se considerará solicitada la ayuda con la presentación de la petición de la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos", un tributo del que los profesionales del campo ya se encuentran exentos.
Apoyo clave para la compra de abonos
Por otro lado, los fertilizantes, que han sufrido un encarecimiento sin precedentes debido a la inestabilidad en Oriente Medio, también reciben un refuerzo presupuestario fundamental para garantizar el desarrollo de las futuras cosechas. La partida para su adquisición se ha ampliado en 165 millones, alcanzando un total de 665 millones de euros a nivel nacional.
Con esta ampliación de fondos, las asignaciones quedarán fijadas en 38,33 euros por hectárea en el caso de los cultivos de secano, y en 92,50 euros por hectárea para las extensiones de regadío. La finalidad principal de la administración con esta inyección directa es "paliar el impacto de este incremento en las explotaciones agrarias" y asegurar que la producción agroalimentaria no corra peligro.
Finalmente, cabe destacar que las empresas vinculadas al mundo rural también podrán acogerse a otras ventajas generales incluidas en el decreto, como el apoyo al uso de gas natural en los procesos industriales agroalimentarios o en el desarrollo de los propios cultivos, protegiendo de esta manera la viabilidad de todo el tejido agropecuario.
