Hay cuatro personas investigadas como autores de delitos de riesgo catastrófico contra los recursos naturales, el medio ambiente, los derechos de los trabajadores además de falsedad documental.
Los investigados son los responsables de la empresa encargada del tratamiento de residuos que consistían en cadáveres de animales o partes de los mismos con sospecha de estar infectados por enfermedades, animales sacrificados en aplicación de medidas de erradicación de enfermedades, animales de experimentación, etc.
La alarma comenzó cuando numerosos ciudadanos de Puertollano denunciaron los malos olores que provenían de las instalaciones de la planta.
Estos malos olores estuvieron en principio motivados por un incendio en una de sus máquinas, enfriadora de harinas, que obligó a realizar el enfriamiento manual del residuo, y que fue la causa del hedor que se propagó en los alrededores.
En marzo de este año la empresa dedicada al transporte de estos residuos denunció impagos por los por parte de la mercantil investigada y además llamó la atención sobre la Planta de Transformación en la que según el existían ciertos remolques retenidos, cargados durante muchos días con cadáveres, además de una cisterna para la recogida delíquidos de los cadáveres de animales; también informó de graves irregularidades en cuanto a prácticas que se realizaban como el almacenamiento irregular de grasas de origen animal.
Igualmente se hizo alusión a la gran peligrosidad a la que se veían expuestos los trabajadores de la planta por los gases que allí se originaban por la materia orgánica en descomposición.
Por la unidad de SEPRONA se realizaron inmediatamente las gestiones oportunas para verificar dicha información, que resultó cierta y se procedió también a tomar muestras en el arroyo cercano llamado Bermeja, correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde se estaban vertiendo directamente sin depurar líquidos procedentes de la industria.
Las irregularidades observadas fueron muy numerosas y muy graves, tanto que eran incompatibles con que esta planta estuviese activa, tanto por falta de autorizaciones y registros oficiales, como por el riesgo biosanitario que corrían los operarios, así como el riesgo medioambiental.
Cuando la Autoridad Regional competente paralizó la actividad, la Guardia Civil realizó un seguimiento del cumplimiento de la paralización, dando como resultado que durante varias semanas los responsables de la industria hicieron caso omiso de la orden de la Consejería. Esta mercantil era adjudicataria del servicio de recogida y gestión de este tipo de residuos de toda Castilla-La Mancha.
Se inmovilizaron miles de toneladas de material denominado “desecho”, mezclas de grasas y harinas cárnicas, que se hallaban almacenadas irregularmente en diversas naves fuera del recinto de la industria, encontrándose este residuo a disposición de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria.
