El viernes pasado la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha declaraba la emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte en un total de 308 municipios de las cinco provincias de la comunidad autónoma, de los cuales 29 están en la provincia de Ciudad Real, entre ellos Socuéllamos.
Comercialización de conejos capturados en Castilla-La Mancha
Una de las principales novedades de la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha es la posibilidad de comercializar los conejos capturados en zonas declaradas en emergencia, siempre que sean sacrificados de inmediato y entregados a establecimientos autorizados para la manipulación de caza silvestre. Así lo ha destacado el Gobierno regional en un comunicado.
Para garantizar la seguridad alimentaria, los conejos destinados a la venta deberán cumplir con la normativa sanitaria vigente y contar con la documentación requerida.
“El proceso busca promover un uso responsable de los recursos cinegéticos y generar nuevas oportunidades comerciales en el sector de la carne de caza en la región”, ha explicado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.
Control de sobrepoblación en 308 municipios
La emergencia cinegética, declarada debido al exceso de conejos, afecta a 308 municipios de Castilla-La Mancha: 55 en Albacete, 29 en Ciudad Real, 90 en Cuenca, 23 en Guadalajara y 111 en Toledo.
Según Almodóvar, la resolución permitirá aplicar medidas de control de población, incluyendo la caza con escopeta y la captura con hurón y redes, en periodos específicos y bajo condiciones previamente establecidas por la administración.
El control de la especie se restringe a zonas de cultivo donde se ha detectado una alta densidad de conejos y daños significativos. Aunque no es necesario solicitar autorización para intervenir en estas áreas, sí es obligatorio notificar a la administración la ubicación exacta y las acciones llevadas a cabo.
Polémica por la exclusión de municipios
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha criticado que la Consejería de Desarrollo Sostenible haya dejado fuera de la declaración de emergencia cinegética a más de 40 municipios que también sufren daños por la sobrepoblación de conejos. Por ello, han instado a la Administración a corregir este error y ampliar la lista de localidades afectadas.
ASAJA ha señalado que, aunque la resolución reconoce la emergencia en 308 municipios, no ha tomado en cuenta los escritos enviados a la Consejería desde 2023, en los que se solicitaba la inclusión de más de 40 localidades que enfrentan problemas similares.
Retrasos y falta de previsión
La organización agraria también ha denunciado la falta de previsión por parte de la Consejería, ya que la resolución de 2024 se publicó el 8 de febrero, una semana más tarde que el año anterior, lo que dejó sin margen de actuación en un momento en el que los daños han aumentado debido a la falta de lluvias, que ha llevado a los conejos a alimentarse de los cultivos.
Si bien ASAJA reconoce que la declaración de emergencia cinegética no es una solución definitiva a un problema que lleva más de 20 años, consideran que es una de las pocas herramientas disponibles para mitigar los daños causados por estos animales.
El vicepresidente de la organización, Manuel Torrero, ha insistido en la necesidad de un control más riguroso de la especie. “Hasta que no se implemente un control serio y exhaustivo, este problema seguirá repitiéndose cada año. Llevamos tiempo advirtiendo a la Consejería de que es necesario tomar medidas en ciertas zonas para evitar que los agricultores sigan sufriendo las consecuencias”, ha afirmado.
Torrero ha pedido a las administraciones competentes que aborden el problema de manera conjunta y busquen soluciones definitivas. “Los agricultores no pueden seguir asumiendo los costes de la alimentación de los conejos. Los seguros no son una solución efectiva y hay zonas que están al límite”, ha advertido.
Conflicto entre intereses agrícolas y conservacionistas
Por último, ASAJA ha expresado su descontento con la Consejería de Desarrollo Sostenible, acusándola de priorizar la conservación de la especie por encima de la agricultura, que es el pilar económico de Castilla-La Mancha.
