La Plataforma de Agricultura Ecológica presenta una querella por prevaricación contra el Consejero de Agricultura

La querella se sustenta en que "se cambiaron las reglas del juego en medio del partido y los agricultores y ganaderos pasaron a cobrar, una vez solicitadas y hechas las inversiones, de 300 euros hectárea a 100 euros/hectárea, provocando la quiebra de muchas explotaciones y economías familiares".

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El Gobierno de García-Page llevó a cabo un recorte del 67 por ciento de la ayuda a la agricultura ecológica una vez que estaba publicada la orden de ayudas y las solicitudes presentadas, lo que ha supuesto una pérdida de 200 millones de euros en 7 años para 5.373 familias de Castilla-La Mancha”. Por ello la Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas ha decidido presentar una querella penal por prevaricación contra el autor material del recorte, el consejero Francisco Martínez Arroyo, aunque la misma está abierta a que se puedan imputar a otros altos cargos del Gobierno de Page, ha informado en nota de prensa esta agrupación de agricultores.

La ayuda a la agricultura ecológica se publicó en marzo de 2015 y los agricultores solicitaron la ayuda hasta mayo de 2015. Posteriormente con el cambio de Gobierno, “cuando entró Page procedieron por primera vez el 11 de agosto de 2015 a reducir la cuantía de las ayudas y después el 9 de octubre volvieron a reducir las ayudas hasta un 67 por ciento sin importarles que la convocatoria ya estaba aprobada y que los agricultores ya habían adquirido compromisos de gastos para realizar dicha actividad durante un periodo de cinco años”.

En la siguiente tabla se puede observar la reducción de la ayuda:

Argumentos jurídicos a favor

El Tribunal Supremo tiene establecida la jurisprudencia de tal modo que “una vez que la subvención ha sido anunciada y regulada normativamente, termina la discrecionalidad y comienza la regla y el reparto concreto escapa del puro voluntarismo de la Administración. Mas concretamente, el otorgamiento de la subvención ha de estar determinado por el cumplimiento de todas las condiciones exigidas por la normativa correspondiente, pues de lo contrario resultaría arbitraria y totalmente atentatoria a la seguridad jurídica la discrecionalidad del actuar de la Administración”.

Pero en este caso, el consejero de Agricultura, Martínez Arroyo y Page “hicieron caso omiso a lo establecido por el Tribunal Supremo y llevaron a cabo el recorte de las ayudas a sabiendas de que el mismo era ilegal. ¿Se imaginan que después de realizado y corregido el examen de una oposición modificasen la puntuación de cada pregunta para alterar el resultado? Pues lo mismo hizo el Gobierno de Page”.

El recorte era ilegal porque la ayuda estaba publicada -asegura la Plataforma- además había 1.471 millones de euros de presupuesto y el presupuesto de la Orden se podía modificar, por lo que no había motivo alguno para el recorte. Además, actualmente “han dejado sin gastar 700 millones de los fondos europeos agrícolas, por lo que no se entiende el recorte ilegal. Pero a sabiendas de que estaban actuando mal decidieron quitar a los agricultores el 67% de las ayudas lo que supone 200 millones de euros. Nos preguntamos, ¿Dónde están esos 200 millones? ¿Quién se ha beneficiado de esos 200 millones de euros?”

Los hechos mencionados son hechos probados -afirman los agricultores afectados- “no es algo que esté en duda, además que el propio consejero de Agricultura lo admitió ante el Comisario Europeo de Agricultura”. Es por ello que la Plataforma entiende que ha existido prevaricación por parte del consejero de Agricultura y presenta la querella. “Dicha querella no les debe coger por sorpresa ya que ante la negativa de la consejería de Agricultura de aportar información solicitada sobre el recorte en noviembre de 2022 se les comunicó que se presentaría la querella penal”.

La Plataforma espera que la Justicia investigue el caso y no solo se reconozca el delito de prevaricación, “sino se dé respuesta a dónde están los 200 millones de euros que nos quitaron”. /

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