La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha expresa su indignación ante el aumento de los costes de producción y advierte de que muchos agricultores están haciendo cuentas antes de comenzar la próxima campaña. Se encuentran con una realidad cada vez más difícil: producir cuesta mucho más, mientras que los precios que reciben por sus cosechas siguen siendo los mismos que hace décadas.
El gasóleo agrícola se encuentra ya alrededor de 1,60 euros por litro, mientras que los precios de los fertilizantes, semillas, fitosanitarios, maquinaria y demás suministros necesarios para producir crecen de manera exponencial. El agricultor tiene que invertir cada campaña más dinero para obtener unos ingresos que ni siquiera permiten cubrir los costes de producción.
La Unión de Agricultores y Ganaderos considera que se ha llegado a un punto en el que no se puede seguir pidiendo al agricultor que produzca a cualquier precio. Si sembrar significa trabajar para perder dinero, habrá agricultores que reduzcan sus superficies y otros que, directamente, decidan no sembrar.
Por ello, la organización agraria reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha una medida concreta: que la Junta iguale las ayudas aportadas por el Estado para afrontar el incremento de los costes de producción.
El Estado ya ha destinado ayudas importantes al sector y, en Castilla-La Mancha, más de 42.000 agricultores han recibido 98,6 millones de euros para afrontar el encarecimiento de los fertilizantes. Además, mantiene una ayuda extraordinaria de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola.
No se trata de pedir ayudas indefinidas ni de mantener explotaciones que no sean viables, sino de afrontar una situación extraordinaria de costes que está poniendo en riesgo la próxima campaña. La respuesta tiene que llegar ahora, cuando todavía se puede evitar que la falta de rentabilidad provoque una reducción de las superficies cultivadas. Sin embargo, la Unión de Agricultores y Ganaderos considera que las ayudas puntuales no pueden ser la única respuesta. Por ello, reclama también la creación de un verdadero gasóleo agrícola profesional, con un sistema estable que reduzca la carga fiscal del combustible utilizado directamente para producir y que permita que el apoyo llegue de forma directa al agricultor, preferentemente en el momento de repostar, sin obligarle a adelantar durante meses unos costes que su explotación difícilmente puede asumir.
Otras comunidades autónomas están adoptando también medidas ante el incremento de los costes. La Unión considera que Castilla-La Mancha, por su enorme peso agrario, no puede quedarse atrás mientras sus agricultores afrontan esta situación. La organización reclama, además, transparencia en la formación del precio de los carburantes para conocer qué parte del importe pagado por el agricultor corresponde al coste del producto y qué parte a la distribución y a los márgenes comerciales. El sector no puede asumir que cada incremento termine repercutiendo sobre sus explotaciones sin que exista una explicación clara de cómo se forma el precio final.
El problema comienza en el campo, pero termina en el supermercado. Si producir en España deja de ser rentable, se producirá menos. Y si producimos menos, tendremos que comprar más alimentos fuera. Aquí aparece otro problema: la competencia desleal. El agricultor español tiene que producir sometido a unas exigencias medioambientales, sanitarias, laborales y de producción cada vez mayores, mientras que en terceros países pueden producirse alimentos con costes y condiciones muy inferiores. No se puede exigir al agricultor español que compita en igualdad de condiciones con productos que no soportan las mismas reglas.
Si nuestra producción pierde rentabilidad y desaparecen hectáreas de cultivo, aumentará nuestra dependencia del exterior. Depender más de otros países para alimentarnos significa quedar más expuestos a guerras, crisis energéticas, problemas de transporte, restricciones comerciales, malas cosechas o cualquier otra circunstancia que afecte a los mercados internacionales. Esa dependencia termina repercutiendo en el consumidor porque, cuando se reduce la producción propia y aumenta la dependencia exterior, también aumenta la vulnerabilidad de los precios y del abastecimiento. La Unión de Agricultores y Ganaderos considera que todavía se está a tiempo de evitarlo, pero reclama que las administraciones actúen con rapidez.
La petición es clara: la Junta de Castilla-La Mancha debe poner la misma cantidad que el Estado para ayudar a los agricultores a afrontar el incremento de los costes y garantizar que puedan seguir sembrando. Porque detrás de cada hectárea que se deja de cultivar hay menos producción nacional, más dependencia exterior y, finalmente, un consumidor que puede acabar pagando las consecuencias. "Sembrar para perder dinero no es una opción sostenible".
"Si queremos alimentos producidos aquí mañana, hay que permitir que el agricultor pueda sembrar hoy".
