El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado la extensión hasta finales de 2026 de las bonificaciones extraordinarias destinadas a mitigar el altísimo coste del combustible en el sector primario. Esta medida, enmarcada dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, ha despertado reacciones encontradas entre los profesionales del campo, quienes consideran que la limitación del importe máximo regulado no refleja en absoluto la realidad que viven a diario en el mercado.
De acuerdo con la normativa recién publicada, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de este año, los productores agrícolas y ganaderos podrán beneficiarse de una cobertura de hasta el 70 por ciento de la diferencia de precio del carburante respecto a los niveles previos al conflicto. Sin embargo, se establece un tope inamovible de 20 céntimos por cada litro. Para calcular esta rebaja, el Gobierno tomará como referencia los importes sin impuestos que detalla semanalmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a través de sus informes oficiales. En cuanto a la tramitación burocrática, la subvención se entenderá solicitada de forma automática al cursar la petición ordinaria de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos por los consumos realizados a partir del 1 de abril de 2026.
Desde la organización agraria Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han valorado positivamente que el Ejecutivo haya accedido a mantener esta línea de apoyo hasta diciembre, una reclamación constante que venían exigiendo después de varias prórrogas anteriores. A pesar de ello, el análisis pormenorizado de la "letra pequeña" revela un desajuste crítico. Según sus propios estudios elaborados con datos oficiales, el gasóleo agrícola ha pasado de costar una media de 0,734 euros el litro antes de la crisis a dispararse hasta los 1,196 euros a finales de septiembre. Este incremento de más de 46 céntimos por litro implica que, para cumplir realmente con ese anunciado 70 por ciento de compensación, la ayuda gubernamental debería superar los 32 céntimos. Consecuentemente, el límite legal fijado en 20 céntimos queda relegado a cubrir escasamente un 43 por ciento del sobrecoste que asumen los productores.
Ante esta alarmante situación, desde la entidad agraria se muestran tajantes al respecto: "Si la propia norma habla de compensar hasta el 70 % del sobrecoste, no se puede presentar como solución un techo que hoy apenas cubre el 43 %. El tractor no funciona con porcentajes sobre el papel: funciona con gasóleo que hay que pagar cada semana".
El impacto económico extrapolado a nivel general también preocupa gravemente a los profesionales. Tomando como base un volumen de consumo anual de todo el sector cercano a los 1.800 millones de litros, el gasto extraordinario extra asumido por el campo alcanzaría los 576 millones de euros al cierre del presente ejercicio de mantenerse esta tendencia alcista. Una verdadera cobertura del 70 por ciento requeriría una inyección presupuestaria de unos 403 millones, una cantidad muy alejada de los 159 millones de euros en créditos habilitados inicialmente por la Administración.
Por si fuera poco, Unión de Uniones señala un obstáculo añadido en el propio diseño técnico de la medida: el volumen de litros con derecho a subvención se va a calcular tomando como base el consumo histórico que los agricultores declararon en 2025, obviando por completo los litros reales que la maquinaria está gastando durante este 2026.
Por todas estas deficiencias económicas y de planteamiento estructural, las organizaciones representativas han dejado claro que no hay motivos para desconvocar sus protestas y mantienen firme su voluntad de llevar a cabo próximas movilizaciones para asegurar la rentabilidad y la viabilidad económica de sus explotaciones.
