Tras la reciente y decisiva resolución del Tribunal Supremo, el sector productor de leche en España se prepara para iniciar un aluvión de reclamaciones extrajudiciales contra el gigante lácteo Lactalis. Este movimiento, que arrancará con fuerza a la vuelta del verano, busca resarcir a los profesionales del campo por los daños sufridos a causa del llamado cártel de la leche. Las previsiones apuntan a que las compensaciones globales podrían sobrepasar la asombrosa cifra de 1.200 millones de euros.
El origen de esta gran disputa legal se remonta a las prácticas anticompetitivas que en su día sancionó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según dictaminó este organismo, varias de las industrias compradoras más potentes del país actuaron de forma coordinada entre los años 2000 y 2013 para limitar la capacidad de negociación de los ganaderos, pactando las condiciones de antemano y forzando a la baja el coste de la leche cruda.
Con el fallo en firme del alto tribunal, que rechaza de plano el recurso de la compañía y ratifica su multa de 11,7 millones de euros, se despeja el camino para los damnificados. El despacho de abogados Eskariam, encargado de liderar la representación legal de más de 7.800 ganaderos afectados en colaboración con el bufete internacional Hausfeld, ya se encuentra perfilando la ofensiva que se desplegará en los próximos meses.
Desde la dirección del equipo jurídico han querido enviar un mensaje de certidumbre a sus representados: "A partir de hoy, el foco está en los daños a los ganaderos: cada uno de nuestros más de 7.800 ganaderos tiene en sus manos la base judicial más sólida posible para recuperar lo que perdió durante más de una década de prácticas anticompetitivas, y Eskariam va a acompañarlos hasta el final".
El inexorable paso del calendario, lejos de mitigar el problema, supone un lastre económico cada vez mayor para las industrias. Tal y como recuerdan fuentes cercanas al caso, "a medida que pasan los años, la cantidad reclamada aumenta por el efecto de los intereses sobre intereses". Este encarecimiento paulatino de la factura final podría jugar a favor de los trabajadores del campo, empujando a corporaciones como Lactalis a buscar acuerdos tempranos que pongan coto a su riesgo en los juzgados.
Además de esta empresa, otras entidades del sector como Nestlé, Celega, Aelga y GIL ya tienen sobre la mesa sanciones de carácter firme. Por otro lado, grandes firmas como Danone, Pascual, Capsa, Schreiber y Puleva permanecen a la espera de que la justicia resuelva sus respectivos recursos de casación. Los letrados confían en que el Tribunal Supremo engrosará en breve la lista de marcas condenadas de manera definitiva, posibilitando así la apertura de nuevos frentes judiciales.
Aunque los cálculos del bufete sitúan entre 2029 y 2030 el momento en el que se fijará una doctrina unificada sobre el cálculo exacto de estos perjuicios económicos, la defensa se niega a esperar de brazos cruzados. El objetivo está marcado: activar sin demora los requerimientos extrajudiciales obligatorios este mismo otoño para que el sector agropecuario empiece a cerrar un oscuro y dilatado capítulo de abusos comerciales.
