El Gobierno de Castila-La Mancha va a destinar tres millones de euros para apoyar la conciliación y el fomento del relevo generacional de las personas trabajadoras autónomas en la región.
El Consejo de Gobierno regional ha dado el visto bueno al decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones - en el marco de la Estrategia de impulso al trabajo autónomo en Castilla-La Mancha 2022-2025 - con 169 medidas en torno a cinco ejes, tiene como misión el lanzamiento de políticas dirigidas al fomento del trabajo autónomo en la región, contribuyendo a su éxito y asegurando su consolidación en el tiempo.
Las líneas de actuación contempladas en el decreto son cuatro. La primera, destinada a favorecer la conciliación, es una ayuda de duración determinada que permita disfrutar de los permisos de maternidad/paternidad; de una baja por riesgo durante el embarazo y/o lactancia o por adopción o acogimiento. La cuantía contempla hasta un máximo de 1.200 euros al mes.
La segunda, destinada al fomento del relevo generacional, tiene como objeto dar continuidad de los negocios con independencia de que la vida laboral de la persona promotora haya finalizado, especialmente en las zonas rurales. La cuantía destinada es de 6.600 euros, cuyo fin es compensar el equivalente al valor del traspaso y en la escritura pública.
La tercera línea de ayudas está destinada al familiar colaborador. Su importe es de hasta 3.000 euros máximo para compensar el pago de cuotas de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).
Finalmente, la cuarta y última línea es una ayuda para la primera contratación indefinida de personas por cuenta ajena. Su objeto es fomentar la creación de empleo estable, a la vez que potenciar la iniciativa empresarial. En cuanto a su cuantía, es de 9.000 euros para compensar los costes salariales y nóminas de la persona contratada.
Todas estas ayudas se pueden ver incrementadas entre un 20 y un 40 por ciento dependiendo del nivel de afectación por la despoblación que sufra una zona rural determinada.
En concreto, serán un 20 por ciento superiores en zonas de riesgo de despoblación o municipios de más de 2.000 habitantes en zonas de intensa despoblación; un 30 por ciento más en municipios de menos de 2.000 habitantes en zonas de intensa despoblación y en los de más de 2.000 en zonas de extrema despoblación; y alcanzarán hasta un 40 por ciento en municipios de menos de 2.000 habitantes en zonas de extrema despoblación. Todos los incrementos son compatibles entre sí, pero la cuantía de la ayuda no podrá superar el coste de la actuación subvencionada. /